Artículo publicado por Diagonal

“La ministra Ana Mato ha dicho que cualquier persona tiene derecho a ir por urgencias. Aquí te intentan facturar. Hay una contradicción dura”.  Mohssin Haddad, portavoz de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos denuncia así lo que está sucediendo en el Hospital de Getafe (Madrid) cuando una persona sin tarjeta sanitaria acude al servicio de urgencias. Haddad sabe bien de lo que habla. “En 10 días hemos detectado tres casos”, afirma con rotundidad. El último, el pasado 24 de septiembre, cuando acompañó a una compatriota que sufría dolor de riñón y lumbalgia. “Al llegar a urgencias te dan dos impresos, uno en árabe para que sepas que te va a llegar una factura y otro modelo en castellano (ver imagen) para que firmes”. En el documento se puede leer que la persona “se hace cargo y se obliga a pagar los gastos que pudieran originarse como consecuencia de la asistencia” al carecer “de la documentación que justifique su derecho a las prestaciones de la Seguridad Social”.  A Haddad, como a los afectados, le gustaría saber quién da las órdenes para emitir este impreso que consideran ilegal. “El documento no tiene ningún símbolo del hospital ni nada que le reconozca”, asegura.

El Real Decreto 16/2012, que ha dejado sin asistencia sanitaria a más de 800.000 personas en este país, es bastante claro en este aspecto. Según su artículo 3 ter los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España pueden ser tratados en urgencias. “El personal de urgencias justifica su actuación diciendo que ellos cumplen con las órdenes. Pero ¿de quién?”, se pregunta Haddad. “Cuando un inmigrante recibe este papel le entra miedo y aunque sea grave no vuelve. Estamos metiendo más miedo en la gente. Y es un tema de salud que puede producir muertes”, sentencia.

Siempre que la asociación marroquí detecta un compromiso de pago como el anterior se pone en funcionamiento y, a través de los trabajadores sociales del hospital, a día de hoy han conseguido frenar todas las facturas que han llegado a sus manos. “Nosotros reaccionamos antes de que llegue la factura”, confirma Haddad que, al mismo tiempo se lamenta porque es consciente de que cuando el caso no llega a sus oídos los compromisos de pago pueden seguir adelante. “Tienes que quejarte para que te lo quiten, sino un día te puede llegar la factura”.

Una vuelta de tuerca a la exclusión

Lo que sucede en Getafe no es un caso aislado. Desde la plataforma Yo Sí Sanidad Universal han detectado más intentos de facturación en urgencias en otros hospitales de Madrid. “Estas prácticas irregulares se dan sobretodo en las urgencias de los hospitales porque tienen un programa capacitado para cobrar y caja”, explica Quique Castro, portavoz de la plataforma, quien pone como ejemplo otros compromisos de pago en el Hospital Fundación Jiménez Díaz o en el Hospital La Princesa. “En la gran mayoría de los casos cuando se ha reclamado la factura, a poco que les metas presión se quitan porque saben que es ilegal”, afirma Castro.

Para el portavoz de la plataforma, el objetivo de estos intentos de facturación que no se reconocen en un real decreto “que ya de por sí es excluyente” es disuadir a los inmigrantes de su derecho a la atención en urgencias. “Si te llega a casa una factura en la que pone que tienes que pagar 1.000 o 2.000 euros, esto se lo cuentas a amigos y compatriotas, el caso se extiende por tus redes y las personas dejan de ir al médico”, explica Castro. “Son fórmulas de disuasión. Las personas que acuden a centros de salud sin tarjeta sanitaria son cada vez menos”.

Para Haddad, lo que sucede en Getafe ahora mismo no es nuevo y forma parte de un plan de exclusión sanitaria para los inmigrantes. “En diciembre de 2013 a una mujer con un bulto en la mama de 4 centímetros la mandaron al privado. La mujer estaba soltando líquido por el pecho. Gracias a nuestra presión hemos conseguido que la operen. Si no nos hubiéramos enterado, hubiera muerto”, explica. “Por el hecho de no tener tarjeta de residencia, estamos poniendo un doble castigo a la gente: antes sin poder trabajar y ahora también sin poder ir al médico. Pero la sanidad la pagamos entre todos con nuestros impuestos. No es justo. Consideramos que es una ley criminal, inhumana y racista y en este hospital, encima, la hacen más dura”, sentencia.

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